Internet suntuaria
Uno se alegra cuando se entera de la noticia de que el gobierno de Chávez va a reducir los gastos suntuarios y superfluos del Sector Público Nacional (Quizás eso libere fondos para invertir en educación superior, salud pública, vivienda, desarrollo de ciencia y tecnología, piensa uno, inocentemente). Uno va contento a buscar los detalles en el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, Decreto Nº 6.649 del 24 de marzo de 2009, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.146 del 25 de marzo de 2009.
Uno comienza a leer el artículo 2 y allí mismo está la sorpresa.
Textualmente:
“ Se prohíbe el gasto suntuario o superfluo en el sector público nacional. Sólo con la autorización del Vicepresidente Ejecutivo y previa exposición de motivos que justifique su aprobación, se permitirá de manera racional
1. La adquisición de servicios de telefonía celular y de discado directo internacional, así como el uso de Internet.
(…)
6. La adquisición de equipos y plataformas tecnológicas.»
¿Internet es un gasto suntuario? ¿Las plataformas tecnológicas son un lujo?
¿Qué pasó con la política de Gobierno en línea?
Textualmente el Decreto 825 decía:
Artículo 1°: Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2°: Los órganos de la Administración Pública Nacional deberán incluir en los planes sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas relacionadas con el uso de Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus respectivas competencias.
Artículo 3°: Los organismos públicos deberán utilizar preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, buzón de denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud, educación, información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos públicos tanto interna como externamente.
Artículo 4°: Los medios de comunicación del Estado deberán promover y divulgar información referente al uso de Internet. Se exhorta a los medios de comunicación privados a colaborar con la referida labor informativa.
Artículo 5°: El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes dictará las directrices tendentes a instruir sobre el uso de Internet, el comercio electrónico, la interrelación y la sociedad del conocimiento. Para la correcta implementación de lo indicado, deberán incluirse estos temas en los planes de mejoramiento profesional del magisterio.
A partir del decreto 825 se empezaron a dar pasos para la informatización de la administración pública. Los trámites básicos de ONIDEX, CADIVI y SENIAT se realizan ahora vía web. Aunque los sitios de la ONIDEX y de CADIVI no tienen un rendimiento que satisfaga las necesidades de sus usuarios, al menos se ha dado el paso. En el caso del SENIAT, el portal funciona bastante bien y facilita los trámites más comunes relacionados con los impuestos.
¿Se quedarán en el limbo estos primeros pasos hacia el info-gobierno?
Cuando uno esperaba ver a Chávez respondiendo en vivo vía web las preguntas de los ciudadanos (para competir con Obama) o el re-lanzamiento de la contraloría social siguiendo el ejemplo de las políticas de uso de la web para la transparencia en la gestión pública aprobadas en Chile, sale este instructivo que presagia un drástico retroceso.
¿Qué pasará con las políticas de alfabetización digital? ¿Cerrarán los infocentros? Aunque estos programas están plenamente justificados y no vemos que racionalización podría usar la Vicepresidencia de la República para negarle el acceso a internet bajo la sombra de este instructivo, el peligro queda abierto por la discrecionalidad con la cual se decidiría qué es suntuario o superfluo. Vale la pena estar pendientes.
Una interrogante más para discutir: ¿Qué cambió en el gobierno entre 2000 y 2009 para que internet pase de ser considerada «prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político» a ser considerado un gasto «suntuario o superfluo»?
Al menos, comentan algunos amigos que siempre tienen una mirada optimista, en la próxima campaña electoral, los candidatos chavistas no serán promovidos utilizando GoogleAdSense. Esas campañas web pagadas por el gobierno si deberían estar prohibidas.
No suma cero 
En esa misma «línea», y por la misma razón de reducir gastos a las Universidades, escuché ayer al rector de la Universidad Simón Bolívar, la eliminación de los recursos destinados a nada mas y nada menos que a La Biblioteca y todo lo relacionado, es decir suscripciones a revistas, compra de libros, etc…
Siempre lo he dicho vivimos una Involución en el 100% de todos los aspectos y ámbitos del país.
… y todavía falta… las reservas internacionales van hacia abajo…
Sí, pareciera haber una línea estratégica entre el Decreto Nº 6.649 (que califica a internet como superflua o suntuaria), la Ley de Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales (el llamado Decreto 6244) y el recorte presupuestario aplicado a las universidades nacionales.
Efectivamente, el 2 de abril, las universidades nacionales recibieron un memorandum de la OPSU ordenando el recorte presupuestario que está afectando especialmente la dotación de biblotecas, los servicios tecnológicos y la disponibilidad de materiales instruccionales.
El recorte presupuestario hace que para este año las universidades nacionales dispongan de recursos inferiores en términos reales a los que dispusieron en 2004.
Los efectos de esas políticas ya son evidentes en la situación que confrontan la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia. Pronto serán también evidentes en la Universidad Central de Venezuela y en el resto de las universidades autónomas.
Con más ganas de estar viviendo sólo un mal sueño, recordamos hoy también Día dell Libro, la destrucción de los miles e ejemplares de Rómulo Betancourt y Gallegos, sin que nadie diga esta boca es mía. No sabe/No contesta es lo que se obtiene del presidente del Instituo del Patrimonio Cultural y del ex gober, Diosdado «expropiación» Cabello. Por eso la necesaria comparación con Obama, la acción junto al discurso, corto y sin excesiva retórica, que impone más trabajo que planes que nunca alcanzan. Y Hillary con ganas de «alejarnos» de Irán y sus mala ifnluencias como la vecina que «sabe lo que nos conviene». Digo tristeza, sin querer hacerlo, porque se siente un país que no sólo se congelo como Walt Disney, sino que cuando se despierte, no sabrá ni en que mundo vive.
Mi colaboración a la difusión del tema
http://elblogdelpadrecarlos.blogspot.com/2009/04/fuera-internet-del-sector-oficial-es-un.html
Quisiera una explicación mas detallada del movimiento bloguer@s:no
Que debo hacer? que datos debo enviar? etc.
Le agradecería dejar la información como comentario en mi blog
Atentamente
Carlos Ares
Ya está en línea la web de la campaña Internet Prioritaria.
También están invitados al grupo Facebook Internet Prioritaria.
Yo tiendo a exagerar las cosas y veo peligro en casi todo. Mi hipótesis personal es que el decreto 6,649 es un paso en el camino al control de la información. La característica fundamental del totalitarismo es querer controlar todo. Eso explica el hurto que le perpetraron a Ledezma y a los cientos de miles que lo eligieron.
Pero consideremos otras posibilidades. ¿Es raro en Chávez cambiar de ideas? A Uribe lo insulta, luego lo halaga. Uno podría seleccionar una muestra de decretos del 2000 y ver si ha pasado algo similar a lo de la Internet. Si el señor cambia de ideas un 50%, entonces la Internet fue victima del juego de ping pong de ideas que ocurre en la cabeza del jefe.
Otra posibilidad es aplicando el principio de caridad. Supongamos que la medida fue tomada honestamente para ahorrar dinero. ¿Cuanto dinero se gasta en proveer acceso al sector público? ¿Es ese ahorro significativo? ¿Cuánto dinero se gastará en cumplir las funciones que ahora utilizan Internet? Economistas pueden responder a esas preguntas.
Carlos, de verdad que sería útil si el gobierno publicara los estimados de ahorro por cada uno de los items incluidos en el Instructivo de recorte del gasto suntuario.
Igual, quedaría sin responder la interrogante: ¿Qué cambió en el gobierno entre 2000 y 2009 para que internet pase de ser considerada “prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político” a ser considerado un gasto “suntuario o superfluo”?
Con respecto a la hipótesis de que la medida tiene la intención de restringir la libertad de información, preferimos, por ahora, no creer que vamos por ese camino al totalitarismo.
Esperamos que el gobierno rectificará. Ese es nuestro objetivo.