Uno se alegra cuando se entera de la noticia de que el gobierno de Chávez va a reducir los gastos suntuarios y superfluos del Sector Público Nacional (Quizás eso libere fondos para invertir en educación superior, salud pública, vivienda, desarrollo de ciencia y tecnología, piensa uno, inocentemente). Uno va contento a buscar los detalles en el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, Decreto Nº 6.649 del 24 de marzo de 2009, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.146 del 25 de marzo de 2009.
Uno comienza a leer el artículo 2 y allí mismo está la sorpresa.
Textualmente:
“ Se prohíbe el gasto suntuario o superfluo en el sector público nacional. Sólo con la autorización del Vicepresidente Ejecutivo y previa exposición de motivos que justifique su aprobación, se permitirá de manera racional
1. La adquisición de servicios de telefonía celular y de discado directo internacional, así como el uso de Internet.
(…)
6. La adquisición de equipos y plataformas tecnológicas.»
¿Internet es un gasto suntuario? ¿Las plataformas tecnológicas son un lujo?
¿Qué pasó con la política de Gobierno en línea?
Textualmente el Decreto 825 decía:
Artículo 1°: Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2°: Los órganos de la Administración Pública Nacional deberán incluir en los planes sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas relacionadas con el uso de Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus respectivas competencias.
Artículo 3°: Los organismos públicos deberán utilizar preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, buzón de denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud, educación, información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos públicos tanto interna como externamente.
Artículo 4°: Los medios de comunicación del Estado deberán promover y divulgar información referente al uso de Internet. Se exhorta a los medios de comunicación privados a colaborar con la referida labor informativa.
Artículo 5°: El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes dictará las directrices tendentes a instruir sobre el uso de Internet, el comercio electrónico, la interrelación y la sociedad del conocimiento. Para la correcta implementación de lo indicado, deberán incluirse estos temas en los planes de mejoramiento profesional del magisterio.
A partir del decreto 825 se empezaron a dar pasos para la informatización de la administración pública. Los trámites básicos de ONIDEX, CADIVI y SENIAT se realizan ahora vía web. Aunque los sitios de la ONIDEX y de CADIVI no tienen un rendimiento que satisfaga las necesidades de sus usuarios, al menos se ha dado el paso. En el caso del SENIAT, el portal funciona bastante bien y facilita los trámites más comunes relacionados con los impuestos.
¿Se quedarán en el limbo estos primeros pasos hacia el info-gobierno?
Cuando uno esperaba ver a Chávez respondiendo en vivo vía web las preguntas de los ciudadanos (para competir con Obama) o el re-lanzamiento de la contraloría social siguiendo el ejemplo de las políticas de uso de la web para la transparencia en la gestión pública aprobadas en Chile, sale este instructivo que presagia un drástico retroceso.
¿Qué pasará con las políticas de alfabetización digital? ¿Cerrarán los infocentros? Aunque estos programas están plenamente justificados y no vemos que racionalización podría usar la Vicepresidencia de la República para negarle el acceso a internet bajo la sombra de este instructivo, el peligro queda abierto por la discrecionalidad con la cual se decidiría qué es suntuario o superfluo. Vale la pena estar pendientes.
Una interrogante más para discutir: ¿Qué cambió en el gobierno entre 2000 y 2009 para que internet pase de ser considerada «prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político» a ser considerado un gasto «suntuario o superfluo»?
Al menos, comentan algunos amigos que siempre tienen una mirada optimista, en la próxima campaña electoral, los candidatos chavistas no serán promovidos utilizando GoogleAdSense. Esas campañas web pagadas por el gobierno si deberían estar prohibidas.
No suma cero 